La masacre del corregimiento del Aro perpetrada el 22 de octubre de 1997 fue uno de los más capítulos más oscuros y terribles de la historia colombiana, un comando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá conformado por aproximadamente 150 hombres, liderados por Francisco Enrique Villalba, alias “Cristian Barreto”, Isaías Montes Hernández, alias “Junior”, Alexander Mercado Fonseca, alias “Cobra” conocidos en la región como los ‘mochacabezas’, asesinaron a 17 personas, después de haberlas torturado de las formas más crueles posible. Posteriormente quemaron las viviendas que encontraron a su paso, se robaron junto con tropas del Ejército del Batallón de Infantería Girardot, miles de reses y desplazaron a cientos de campesinos que fueron obligados a dejar sus predios, sin que ninguna autoridad militar, policial o civil en Antioquia los protegiera de los mensajeros de la muerte.
¿Qué pasó con el Gobernador de Antioquia de aquella época? ¿Sabía o no que iba a ocurrir esa masacre y por lo tanto es responsable por no haber actuado frente a estos graves crímenes de lesa humanidad?
Hoy gracias a un valioso proceso judicial que llegó a nuestras manos que fue cerrado arbitrariamente por la Fiscalía General de la Nación en un gran acto de indignidad e impunidad con las víctimas, conocido públicamente como el proceso del “Parqueadero de Padilla” donde se encuentra toda la contabilidad de los políticos, empresarios y narcotraficantes que financiaban los bloques de las AUC a nivel nacional y que le costó la vida a muchos investigadores y miembros de la Fiscalía que comenzaron a evidenciar todo el aparato organizativo que había detrás de los grupos de autodefensa, se pudieron encontrar evidencias irrefutables que el Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez SÍ SABÍA de la ocurrencia de ese masacre y como lo demuestran los hechos no solo no actuó para proteger la población frente a esos horrendos crímenes ejecutados el 22 de octubre de 1997, sino que además no actuó frente a múltiples asesinatos que venían sucediendo en el Aro que ya le habían sido informados.
El 19 de agosto de 1997, aproximadamente 2 meses antes de la masacre, nada más y nada menos que el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López le envió un oficio judicial al entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez donde le señalaba que en el mes de octubre de 1996 y hasta el final del mismo año, habían sido asesinadas 120 personas y desaparecido otras 30 en Ituango, hechos que también fueron puestos en conocimiento de su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno el 5 de febrero de 1997, quien respondió ante esta advertencia que no conocía el asesinato de centenares de personas en esa región. Este documento nunca ha sido mostrado a la opinión pública y no figura en ningún proceso judicial.
El Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno, quien hoy se sabe era un importante colaborador de los paramilitares y un frecuente visitante de la finca 21, que era el cuartel general de las autodefensas donde se mantenían los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, respondió que no conocía los centenares de asesinatos y desapariciones de personas que estaban ocurriendo en Ituango y ni siquiera ordenó como era su deber constitucional una investigación o una inspección administrativa para corroborar lo denunciado por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López.
Sin embargo, esta no es la única prueba que demuestra que el Gobernador Álvaro Uribe Vélez conocía de la amenaza que recaía sobre el Aro, existe un testimonio oculto y contundente que ningún proceso judicial, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido en cuenta y que no ha sido revelado a la opinión pública. Se trata del testimonio del Personero de Ituango el señor José Diego Caicedo Restrepo, rendido el 28 de enero de 1998, ante el Fiscal Delegado Jorge Angarita Torres, donde se demuestra la existencia de una reunión confidencial en el piso 12 de la propia Gobernación de Antioquia, solicitada por varios habitantes Corregimiento del Aro que pudieron escapar de los paramilitares, quienes pidieron reserva de identidad y se reunieron secretamente con el Personero de Ituango y el Alcalde de Ituango en la propia Gobernación. ¿Qué pasó? ¿El Gobernador Álvaro Uribe Vélez no se dio cuenta?
En su testimonio el Personero de Ituango deja claro que en esa reunión no estaba el mandatario regional. ¿Por qué no asistió? ¿No era su deber constitucional atender y proteger a estas personas que habían salido huyendo del Aro por temor a ser asesinadas? No hay duda, Uribe siempre supo de la masacre, las víctimas llegaron hasta su propia Gobernación durante los 17 días que se ejecutaron estos horrendos crímenes y ni siquiera se dignó a reunirse con ellos. Aquí está el testimonio que queda como prueba para la historia.
Adicionalmente existe un peritazgo de Bjon Petterson un consultor internacional de derechos humanos de nacionalidad sueca que rindió un dictamen el día 14 de septiembre de 2005 ante la Corte Interamericana, que fue eliminado de todas las redes de internet, pero que pudo ser recuperado mediante un procedimiento de restauración de archivos, donde este perito declara que después de visitar el corregimiento del Aro días después de la masacre, tomó varios testimonios de los habitantes que le narraron los crímenes horrendos y la brutalidad a la que fueron sometidos, a partir de lo cual pudo sacar las siguientes conclusiones:
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Las autoridades no tomaron medidas preventivas a pesar que habían sido avisadas de la inminencia de la incursión paramilitar.
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La masacre en Ituango fue realizada entre grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas que les dieron apoyo militar y logístico.
Por otra parte, existe una comunicación de Jesús María Valle del 4 de noviembre de 1997, firmada con su puño y letra, como coordinador del Comité de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, que demuestra que desde hace más de uno año le había solicitado al Gobernador Álvaro Uribe Vélez y a su Secretario Pedro Juan Moreno, protección para el corregimiento del Aro en Ituango, sin que se le hubiera dado respuesta a su solicitud y sin que la Gobernación hubiese tomado medidas para proteger a esta población. El defensor de Derechos Humanos solicitó una Comisión presidida por la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos, pues era uno de los pocos organismos confiables que podían investigar a los responsables de estos múltiples asesinatos.
Existe un vídeo filmado en 1997 en el cual Jesús María Valle denuncia públicamente al Gobernador Álvaro Uribe Vélez por no garantizar la protección de los derechos humanos de los habitantes de Ituango, ante la presencia y la complicidad de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública que atemorizaban y asesinaban a las personas de esa región. Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 después de exigir la conformación de esta Comisión.
Sobre este homicidio hay una persona que no ha sido investigada ni procesada que aparece en el proceso del “Parqueadero Padilla” cuyo nombre es Olga Patricia Almanza Garavito proveniente de Caucasia quien fue señalada por un informe de policía judicial del 18 de abril de 1999 como uno de las personas clave en el asesinato de Jesús María Valle, pues según este documento, ella se encargaba de identificar a las víctimas declaradas como objetivo por los grupos paramilitares, para que luego los sicarios atentaran en su contra. En este documento judicial se le atribuye su colaboración con el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña, el 28 de abril de 1998 y de una persona en Córdoba, el señor Félix Avilés Arroyo ocurrido en Ciénaga de Oro, Córdoba
Recientemente el 29 de julio de 2020 se capturó en una lujosa cada del barrio Poblado de Medellín a Francisco Antonio Angulo Osorio, alias “Pacho Osorio” o el “Piloto”, quien era un poderoso narcotraficante de Ituango que financió la masacre del Aro y también el homicidio de Jesús María Valle, por el cual fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Su hermano Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio quien también le ayudaba con el trasiego de drogas en Ituango fue condenado y capturado el 12 de noviembre de 2017 por ese mismo homicidio. Ambos fueron hijos del poderoso narcotraficante Francisco Angulo Zuluaga, parentesco que han intentado ocultar, pero que gracias al proceso del “Parqueadero de Padilla” se pudo evidenciar. Aquí está la imagen de Francisco Osorio Angulo y la ostentosa casa en la cual fue capturado.
Fuente: Policía Nacional
A pesar de estar condenados por el homicidio de Jesús María Valle, los hermanos Angulo Osorio, no han sido investigados ni procesados por el delito de tráfico de drogas ni tampoco sus bienes han sido objeto de extinción de dominio, pues en su registro penal no aparecen investigaciones por la producción y el trasiego de estupefacientes. Informes de Policía Judicial y testimonios del proceso del “Parqueadero de Padilla, los comprometen seriamente con el tráfico de drogas.
Según un informe de Policía Judicial del octubre 28 de 1997 se les señala como fundadores y financiadores de los grupos de autodefensa en Ituango, para lo cual realizaron una inversión inicial de 300 millones de pesos, allí el grupo paramilitar extorsionaba a prácticamente todos los locales de la zona y adicionalmente reclutaban jóvenes para su organización.
Igualmente el ex soldado Marco Fidel Torregrosa que estaba integrado al grupo paramilitar en Ituango confesó el 10 de julio de 1998 ante un fiscal delegado que Francisco y Jaime Angulo Osorio tenía varios laboratorios de droga en el Bajo Cauca, en la vía de Caucasia al Bagre, en su hacienda llamada la Unión. El ex soldado declaró que los laboratorios se instalaban y desmontaban para evitar ser objeto de las acciones de las guerrillas o de la delincuencia organizada.
Por último es importante que la opinión pública conozca que existen unos mensajes de beeper que fueron interceptados por la Fiscalía General de la Nación al jefe paramilitar Jacinto Alberto Toro Soto, alias “Lucas”, jefe de finanzas y miembro del Estado Mayor de esa organización, que fueron recibidos el 25 de octubre de 1997 uno de los días en los cuales se estaba perpetrando la masacre del Aro. En esos mensajes se le indicaba al jefe paramilitar que debía comunicarse con el comando paramilitar ubicado en Ituango con uno de los encargados de la logística del grupo, el señor Roman Tapias, aliado de los hermanos Angulo Osorio en la producción de drogas de la zona.
En lo beepers aparecen palabras clave como “llamar a Pacho”, es decir a Francisco Antonio Angulo Osorio, narcotraficante que financiaba el grupo paramilitar en Ituango. También aparece un mensaje “llamar a Junior” es decir Isaías Montes Hernández, uno de los jefes del grupo que ingresó al corregimiento del Aro.
El señor Jacinto Alberto Soto Toro nunca fue investigado por la masacre del Aro, cuando evidentemente controlaba las comunicaciones mediante las cuales se llevó a cabo la incursión paramilitar. Soto era el relacionista público de los paramilitares con la política nacional y tenía contacto directo con la Gobernación de Antioquia. El 15 de septiembre de 1997, aproximadamente dos meses antes de la masacre del Aro, el jefe paramilitar recibe un mensaje directo en el cual le dicen que debe llamar al Gobernador Álvaro Uribe Vélez, para cuadrar una reunión con un miembro de la organización. En la actualidad no se conoce el paradero del ex jefe paramilitar quien hasta el día de hoy no ha respondido por la masacre del Aro.
Por: @MikeSelector – Unidad Investigativa – Humana Noticias
