Sergio Fajardo, imputado por la Contraloría por responsabilidad fiscal en caso Hidroituango

Última actualización 3 de diciembre de 2020 por Humana Noticias

La Contraloría formuló cargos contra 28 personas jurídicas y naturales por pérdidas hasta de 4.100 millones, presuntamente, por irregularidades en la contratación e implementación del proyecto Hidroituango. Esta vez, el escándalo salpica al ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien es señalado por la entidad por acciones y omisiones, al incumplir con sus responsabilidades frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva.

La Contraloría también imputó como responsables fiscales, en este caso, hasta a diez miembros y exmiembros de la Junta Directiva de EPM, entre quienes se destacan Juan Esteban Calle, Luis Alfredo Ramos, el ex alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, Federico Retrepo Posada y exgerentes de la compañía antioqueña; además de imputar a tres consorcios y varios contratistas del megaproyecto. Esta vez, imputan también a Fajardo por acciones y omisiones como miembro del directorio de la empresa pública de Medellín EPM, así como del incumplimiento del deber de tutela.

Entre los consorcios implicados se encuentra Ingetec (interventor de la obra y la misma empresa que contrató Claudia López para la construcción del Metro Bogotá), y los contratistas Constructores E Comercio Camargo Correa, Coninsa Ramón y Conconcreto.

Además, el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz expresó: “”Dentro de este último grupo hay que distinguir entre quienes solo eran alcaldes o gobernadores, y quienes además de ese cargo ostentaban el de miembros de junta directiva de Hidroituango”.

El caso volvió a estar bajo la mirada del país, luego de que la Contraloría revelara los detrimentos en el caso Hidroituango, y que ha impulsado a la entidad a adoptar uno de los procedimientos de mayor responsabilidad fiscal, como el resonado caso de Reficar. Gracias a esta gestión, si los recién imputados por la Contraloría son hallados culpables, entrarían consecuentemente dentro de un boletín de responsables fiscales.

Más de un año después de emitida la orden que comenzó a asumir la responsabilidad financiera por el fracaso de la planificación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría reveló quiénes serían procesados. La entidad acusó a 28 personas naturales y jurídicas e inició investigaciones contra otras 6 personas naturales.

Carlos Felipe Córdoba, contralor general, sostuvo que en el marco de este proceso, que se originó a partir de la solicitud de operaciones especiales en febrero de 2019, se han analizado dos aspectos de información y se ha investigado el proceso que inició el día 14 de noviembre del año pasado.

Para la entidad, la falla de Hidroituango fue el resultado de una serie de errores desde el diseño hasta la ejecución. Para la entidad, eso arrojó tres graves consecuencias: Primero, el incumplimiento del objetivo principal del proyecto (es decir, la generación de energía), y que desató una pérdida de utilidades de hasta 1,1 billones, seguidamente, el aumento desproporcionado de los costos del proyecto avalado en 13 mil millones de pesos, otra pérdida financiera de 2.9 mil millones y una emergencia grave en el año 2018, que pudo ocasionar graves desastres públicos.

El 17 de febrero del 2014, Fajardo trinó: “A volar se dijo, hoy es un día extraordinario para el proyecto Hidroituango, desviación del río Cauca”. Bajo la imputación de la Contraloría, el senador de la oposición Gustavo Petro extrajo el pasado tweet de Sergio Fajardo, y comentó que por volar, se perdieron 4,7 billones de pesos.

Rápidamente, los internautas manifestaron la necesidad de que todos los implicados deben pagar y responder, por los graves resultados y pérdidas que dejó la megaobra. Mencionaron también, que la catástrofe fue advertida a tiempo, y aún así no hubo ni un control, ni una administración correcta.

 

Para evaluar esta posible pérdida, se estimó que al menos 1,1 billones de pesos en pérdidas se debió a un “lucro cesante”, es decir, el retraso en el inicio de operación de la central hidroeléctrica, que debió estar en funcionamiento y generando energía para el mes de septiembre de 2018. Las otras pérdidas, estimadas en aproximadamente 2.9 billones de pesos, están relacionadas con el valor irrazonablemente mayor de la destrucción y pago de los activos del proyecto.

Esto llevó a la creación de un tercer túnel de desvío del río Cauca, conocido como la Galería Auxiliar de Desviación GAD, que finalmente debilitó la estructura.

“Con esta decisión EMP se apartó no sólo de los diseños originales sino también de la recomendación de su Junta de Asesores, respecto del cambio de diseño que incluía la GAD; decisión que aumentó el riesgo del proyecto”, expresó la Contraloría en el mes de noviembre, dando apertura a la investigación.

La Contraloría, decidió excluir del alcance de la investigación al ex gerente de EPM, Jorge Londoño, porque sus acciones no obedecieron a una negligencia grave.

En esta etapa del proceso, según Hembert Suárez Lozano, abogado de energía y gas de OGE Legal Services, se deben acreditar los tres elementos para que luego la entidad procederá a dictar sentencia condenatoria o absolutoria. “Estas personas entran a una etapa más robusta de investigación, probatoria, que permite seguir investigando más a fondo, pero en garantía del debido proceso de los imputados, hasta determinar las responsabilidades a que haya lugar”, explicó el abogado.

  

¿Qué dice Sergio Fajardo sobre la reciente imputación?

Recientemente, el candidato presidencial emitió un comunicado sobre la decisión tomada por parte de la Contraloría General de la República, al imputarlo como un responsable fiscal en el caso Hidroituango.

En la red social de Twitter, Fajardo expresó que siempre ha respondido sus actuaciones, y que lo seguirá haciendo.

En la misiva, el candidato presidencial expuso que siempre ha participado en la vida pública defendiendo que la transparencia debería ser la base de una transformación política, “No sobra mencionar que este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena. Vivo bajo la convicción de que la verdad y la decencia salen adelante, aunque a veces se demoren”, sostuvo en el reciente comunicado.

También comentó que la entidad lo vincula y lo responsabiliza fiscalmente para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que él delegó, ante la junta directiva de la Hidroeléctrica durante su administración, en el departamento de Antioquia entre los años 2012 a 2015.

Por: Lorena Garcés García – Humana Noticias | Foto portada: (Héctor Fabio Zamora)

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