El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales que participan en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una medida que facilita su despido por parte de la Administración. La orden, firmada en el Despacho Oval, afecta a trabajadores de carrera que ocupan cargos de dirección, asesoran en la redacción de regulaciones, participan en decisiones sobre subvenciones federales o desempeñan funciones vinculadas al diseño de políticas gubernamentales.
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Puestos en riesgo: directores, abogados y asesores técnicos
Los puestos que están en riesgo ahora son directores de programas federales, abogados de agencias o asesores técnicos cuyos contratos suelen oscilar en los 200.000 dólares anuales. El 97% de los puestos afectados corresponden a niveles GS-15 o superiores, con salarios que rondan esa cifra. Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores afectados gozaban de protección frente a despidos discrecionales, una prerrogativa reservada tradicionalmente a los cargos políticos designados por el presidente.
Nueva categoría: “Schedule Policy/Career”
Los empleados afectados quedan reclasificados en una nueva categoría denominada “Schedule Policy/Career”, con lo que pierden los procedimientos de acción adversa y los derechos de apelación que hasta ahora los protegían de despidos discrecionales. Esta medida representa la primera aplicación concreta a gran escala del esquema, aunque la Administración había estimado previamente que hasta 50.000 posiciones podrían eventualmente ser reclasificadas.
Contexto: orden de 2020 y desafíos legales
El nuevo decreto retoma una orden que Trump firmó poco antes de las elecciones de 2020, que creó una categoría para empleados federales involucrados en políticas, conocida como Schedule F, y que facilitaría el despido de esos trabajadores. Ese decreto de 2020 había dejado a muchos empleados federales temiendo por sus empleos, pues le habría dado a Trump y a funcionarios designados por su agencia más margen de maniobra para contratar y despedir funcionarios federales considerados desleales, una medida que, según los críticos, politiza el servicio civil.
Según Joe Spielberger, asesor principal de políticas del Proyecto de Supervisión Gubernamental, la medida habría privado a los trabajadores federales de sus garantías procesales y eliminado su capacidad de apelar ante otras agencias independientes. Incluso si no conduce a una ola de despidos, el decreto impulsará a algunos empleados federales a reconsiderar desafiar cualquier directiva que puedan considerar ilegal, poco ética o contraria a sus estándares profesionales.
Posible impacto: hasta 50.000 empleados en el futuro
La Administración ha llegado a estimar que hasta 50.000 empleados podrían verse alcanzados por esta política en el futuro, lo que convertiría la orden firmada esta semana en el primer paso de una transformación de mayor alcance en la función pública federal. Esto genera incertidumbre en el sector público estadounidense y abre la puerta a multiples desafíos legales contra la medida.diariolibre+2
Reacción de críticos: politización del servicio civil
Críticos de la medida sostienen que la orden politiza el servicio civil y podría llevar a que funcionarios de carrera sean expulsados por razones políticas y reemplazados por aquellos comprometidos con el presidente. El decreto busca eliminar una regla que el expresidente Joe Biden implementó el año pasado, con el objetivo de darle más control sobre la fuerza laboral federal, a la que Trump ha vilipendiado durante mucho tiempo como el “Estado profundo”.
Importancia para la gobernabilidad estadounidense
Esta decisión afecta directamente la gobernabilidad de Estados Unidos, pues debilita la estructura de empleados de carrera que tradicionalmente han garantizado la continuidad técnica y la imparcialidad en la elaboración de políticas públicas. La medida también podría reducir la capacidad del gobierno para responder con estabilidad a crisis nacionales, dado que los nuevos empleados podrían ser más leales al presidente que a la institución.
Fotoportada: Archivo Particular
