Dentro de las 69 irregularidades que identificó la Contraloría en la ejecución del Programa de Canastas Nutricionales a raíz de la covid-19, se encuentran el de una madre de Chimichagua (Cesar) a la que le reportaron 172 hijos.
La Controlaría General de la República publicó este domingo un informe que da cuenta de las 69 irregularidades que identificaron en la entrega de raciones de alimentos por parte de contratistas del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia de la covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
Según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios; y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio.
De acuerdo con la Contraloría, una vez se declaró la emergencia sanitaria por causa de la covid-19, el Programa Canastas Nutricionales “contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa”.
Luego de que se realizaron los contratos, la DIARI inició el plan de vigilancia a dichos recursos, encontrando así que varios contratistas del ICBF entregaron “28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos”.
Según la DIARI de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.
Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de una mujer que, según los datos hallados, reportó ser la madre de 172 hijos en el municipio de Chimichagua, Cesar, y de uno más en Fundación, Magdalena. Por lo que recibía raciones por los 173 supuestos niños.
Por otro lado, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.
El mismo caso lograron identificarlo en Buenaventura, donde un adulto recibió 134 raciones de alimentos asegurando ser el tío político de los niños.
Además de eso, se encontraron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios.
En el Chocó, por ejemplo, se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a la que se hizo dicho suministro.
Bajo el mismo modelo se hicieron 8 entregas en 2 menores de edad en Nariño, sumando así, 48 entregas a 21 pequeños que según la Registraduría ya habían muerto.
La directora de la DIARI, María Fernanda Rangel, aseguró que también se identificó un bajo cumplimiento en la ejecución de los contratos.
“Esto tiene que parar. No pueden seguir los operadores proporcionándole las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”, afirmó Rangel.
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